Municipales de La Plata denunciaron a Garro por despedir a 47 trabajadores

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de La Plata (Soempl), que conduce Gustavo Hernández, denunció al intendente de La Plata, Julio Garro, por “estafa procesal y fraude”, en una causa iniciada por el despido sin causa de 47 trabajadores del sector en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Según señaló el secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), Rubén García, “con mentiras y la falsificación de documentos públicos, Garro procuró revertir los fallos del Ministerio de Trabajo bonaerense y del Tribunal de Trabajo número 5 de La Plata, contrarios a su decisión, y que ordenaron la reincorporación de esos 47 trabajadores del servicio de atención telefónica Línea 147, despedidos en el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

“La denuncia penal tiene el número IPP 06-00-22813-20 e intervino la fiscalía 15”, consignó García, quien señaló que “el intendente fue denunciado por abuso de autoridad, estafa procesal, desobediencia, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación ideológica de instrumento público”.

El titular de la Fesimubo destacó que luego de las intervenciones de Trabajo provincial y del fuero laboral a favor de los trabajadores, Garro fue favorecido por una presentación del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de La Plata, que falló a favor de la municipalidad en relación con los despidos.

Según el gremialista, el jefe comunal logró ese fallo al omitir información y falsificando el decreto municipal 460/20, por lo que fraguó “el instrumento para cesantear a los trabajadores en plena pandemia y le mintió al juez, que otorgó una cautelar que ayer determinó anular”, subrayó el dirigente sindical.

García, quien representa a 200 mil municipales bonaerenses, puntualizó que el intendente considera que puede “violar normas nacionales que prohíben despidos en la emergencia y que dispuso el presidente Alberto Fernández”.

“El juez en lo contencioso fue víctima de fraude y estafa procesal, ya que en su momento adoptó una decisión a partir de una mentira y decretos falseados”, puntualizó, según informó la agencia Telam.

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